Resulta conveniente y oportuna realizar algunas apreciaciones conceptuales sobre cuestiones concernientes a la administración de la justicia. En tal sentido, es necesario remitirnos –desde el punto de vista objetivo- a las normas que la regula. La Constitución Nacional , la ley madre de la nación, estatuye que la administración de la justicia está a cargo del Poder Judicial (Art. 247), además garantiza la independencia del mismo. (Art.248) Aclaradas las cuestiones previas, pasamos a analizar un caso específico de cómo se administra la justicia en nuestro país. A tal efecto, traemos a colación uno de los casos más emblemáticos de los últimos tiempos, para no decir, el único, en la esfera judicial: el caso Ykua Bolaños.
El 1 de agosto del 2004, la ciudadanía paraguaya se vio enlutada por la noticia de la muerte de unas quinientas personas a raíz de un voraz incendio del conocido supermercado, asimismo, decenas de centenares de lesionados, amén de las cuantiosas pérdidas materiales. Este hecho fue derivado a las esferas judiciales, específicamente en el ámbito penal, que es el que el que nos interesa en este trabajo; en efecto, los principales directivos y personales, fueron imputados, luego acusados por la muerte de tantas personas en el siniestro y por las lesiones de los sobrevivientes. Los sobrevivientes, víctimas y parientes del siniestrado supermercado se han asociado y han presionado para que el caso no quedara sin ninguna condena a los responsables del luctuoso suceso; así, a raíz de la presión, lograron que la causa sea caratulada de “homicidio doloso” y no “homicidio culposo”(este calificativo es el criterio casi unánime de los actores del derecho por el hecho acaecido), dado que aquel tipo penal posee un marco penal punitivo más grave que el del tipo “culposo”.
Una vez superadas las etapas previas, la causa fue elevada a la etapa de Juicio Oral y Público a fin de determinar la responsabilidad de los acusados en un proceso contradictorio. Integrar el Tribunal de Sentencia para juzgar a los enjuiciados no fue tarea fácil. Cadena de inhibiciones y recusaciones precedieron la integración del mismo; cuando por fin hubo sido integrado y tras los trámites procesales de rigor, el Tribunal de Sentencia ante un auditorio marcadamente sesgado por familiares y víctimas de la tragedia y audaces periodistas, pronunció su veredicto: Por voto en mayoría de sus miembros (de tres en total), se calificó definitivamente la conducta de los acusados de “homicidio culposo”: fueron las últimas palabras entendibles que pronunció el tribunal, porque la lluvia de sillas, mesas, ventiladores, y cualquier otro objeto buscaban directamente el cuerpo de los jueces sentenciantes “injustos”. La vida y la integridad de los miembros del tribunal estaba en peligro: se levantó la audiencia. El juicio posteriormente fue anulado, nadie sabe a ciencia cierta, bajo qué argumento jurídico. Una vez más, la presión de los familiares y víctimas impuso un resultado fuera del marco legal y del derecho.
El incidentado juicio, suspendido y luego anulado, incitó la integración del nuevo Tribunal de Sentencia, no menos incidentada que su antecesor. Entretanto, los acusados, quedaron en libertad, tras aplicárseles medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Sin embargo, esta medida favorable a los encartados, desató la ira y la rabia de los familiares y demás victimas de la tragedia del Ykua Bolaños, y otra vez más: los desmanes han interferido para la correcta aplicación de una decisión judicial; similar situación ya se había presentado en los primeros tiempos del proceso, los enjuiciados y los jueces han sido perseguidos, vociferados y hasta amenazados de muerte junto con su propia familia, por las víctimas y familiares, debido a que se ordenó la prisión domiciliaria de los principales sospechosos de la tragedia.
Es de advertir que la conducta violenta de los llamados víctimas y familiares nucleados, asociados o no, ha provocado una desnaturalización del proceso penal, lo han viciado y con ello sin temor a equívoco- “conducir” el juicio con la excusa de “buscar justicia”; todos lamentamos la pérdidas de vidas humanas que se ha llevado el fuego, pero resulta imperiosamente la observancia de la ley y del respeto a las autoridades y a sus decisiones en la búsqueda de la justicia; imponer ésta a cualquier precio y costa, es buscar la “venganza” antes que otra cosa, por dolor y angustia que se sientan; sin embargo, debemos recordar, que una sociedad civilizada impone la justicia mediante el derecho, en cambio, una barbarie, la impone por la fuerza. Si se la busca por la fuerza, se impone venganza, lo cual va de contramano a la racionalidad y al derecho.
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